| Artículo | Junio 2020 | Expansión Jurídico |
El sector hotelero, uno de los de mayor peso en la economía española, se enfrenta a desafíos desconocidos ante la incertidumbre que afecta a todo su tejido productivo.
La relevancia del turismo en España es incontestable: representa más del 12% (147.946 millones de euros) del PIB. El sector hotelero obtuvo una facturación de 17.000 millones de euros (124.000 millones de euros, junto con la restauración), generando 1,7 millones de empleos directos en 2019.
Uno de los desafíos a los que se enfrenta el sector es la renegociación de sus relaciones contractuales que permitan acordar una redistribución de los riesgos inherentes al negocio jurídico existente considerando la actual coyuntura. Contratos de arrendamiento, de financiación, de gestión hotelera, contratos comerciales, de turoperadores, etcétera, y debe realizarse de conformidad con principios ampliamente reconocidos en nuestro ordenamiento, como son el principio de conservación de los negocios jurídicos que recoge el artículo 1284 del Código Civil, o el principio de la buena fe previsto en el artículo 7.1 del Código Civil.
Otro de los desafíos a los que se enfrenta el sector hotelero es el equilibrio financiero. Las tensiones de liquidez necesariamente empujan a una reevaluación de los planes de negocio y a un crecimiento de operaciones corporativas -entrada de socios, fusiones y/o absorciones-, refinanciaciones y venta de activos. El sector hotelero ya se ve obligado a ampliar su caja recurriendo a financiación externa, no sólo fuentes de financiación procedentes de entidades de crédito o entidades públicas mediante ayudas o subvenciones, sino también otras fuentes y oportunidades de direct lending a través de capital riesgo o gestores de deuda y value added investors (como fondos de capital inmobiliario privado), inversores Core, como los family office, inversores institucionales y otro tipo de inversores patrimonialistas.
El sector demanda la aprobación de un plan paneuropeo de recuperación del turismo y en el que se abogue por la homogeneización de las políticas entre los Estados Miembros, concretamente en materia de movilidad con la habilitación de fondos especiales, y basado en la innovación y la digitalización de los destinos turísticos, y en la sostenibilidad promoviendo el uso eficiente de los recursos.
Es necesaria la implementación de medidas de política económica que faciliten la liquidez y disponibilidad de recursos con apoyos financieros e incentivos fiscales mediante deducciones, aplazamientos y/o exenciones de tasas, impuestos y de cuotas de la Seguridad Social, incluyendo el establecimiento de un IVA reducido que fomente la promoción de oferta competitiva frente a terceros países, facilitando la adaptación de las empresas y otorgando flexibilidad al tejido productivo. Se debe profundizar en la simplificación y agilización de trámites administrativos y procedimientos urbanísticos dinamitando la hiper regulación. Medidas como las ya iniciadas en Andalucía a través del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, o el Decreto-ley 8/2020, de 13 de mayo de las Islas Baleares destinados a incentivar la recuperación rápida de la economía a través del fomento de las energías renovables, la construcción de viviendas e infraestructuras indispensables para la sostenibilidad y la mejora de la oferta turística dando prioridad a las declaraciones responsables para solicitar autorización de proyectos. La CAM y el Ayuntamiento de Madrid están tramitando proyectos de reforma normativa para agilizar la tramitación burocrática y entre otras medidas, sustituir ciertas licencias de obras y de primera ocupación por declaraciones responsables. En definitiva, es preciso establecer un marco normativo claro, simplificado y uniforme.
La recuperación y el reinicio de la actividad hotelera dependerá en gran medida del apoyo real y económico al sector. Es vital no sólo no subir los impuestos, sino bajarlos y priorizar el gasto público productivo, como por ejemplo la formación y la inversión en innovación.
Es necesario, salvaguardando la salud de los ciudadanos, reactivar el aparato productivo de nuestro país de inmediato y, especialmente, aquellos sectores clave para nuestra economía.
La rapidez, el consenso, la coordinación público-privada y de las diferentes Administraciones entre sí en la aprobación de medidas de política económica específica que se adopten serán la manera de afrontar con éxito la batalla de la recuperación y afrontar la crisis como un impulso para reformar estructuralmente la industria turística.
Artículo publicado por el diario Expansión Jurídico.